La subasta 5G en Paraguay impone requisitos político-diplomáticos que podrían excluir a proveedores clave como Huawei,limitando la competencia,encareciendo el despliegue e introduciendo barreras en un proceso que debería guiarse por criterios tecnológicos.

Crédito: Adobe Stock

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Guiado por argumentos políticos en lugar de técnicos,Paraguay acaba de lanzar una subasta 5G que incluye un mecanismo de exclusión diplomática y podría costarle el desarrollo de la tecnología de quinta generación en el país.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó el pliego de condiciones de la licitación que pretende poner a disposición espectro en la banda de 3.5 GHz para el despliegue de la nueva tecnología.

El documento contiene un capítulo de “reciprocidad comercial”: en él,se establece que cualquier interesado en participar en la licitación “debe presentar un informe emitido por la Misión Diplomática de la República del Paraguay en el país de origen del fabricante de los equipos de la RAN incluidos en la propuesta técnica y de servicios”.

Con ese informe,el gobierno pretende certificar que el país fabricante de las soluciones tecnológicas propuestas permite la participación de empresas paraguayas en procesos de contratación pública.

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Dicha disposición introduce en el proceso de la licitación 5G un criterio político que va más allá de la evaluación técnica,financiera o de cobertura,y que limitaría significativamente la elección de proveedores de tecnología por parte de los operadores de telecomunicaciones.

La disposición restringe la presencia de ciertos fabricantes,y especialmente excluye a las empresas chinas como Huawei y ZTE,dos de los mayores fabricantes globales de infraestructura de telecomunicaciones,dado que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas con China.

Desde 1957,Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China,debido a que el país sudamericano reconoce a Taiwán como la “República de China”,en lugar de la República Popular de China. Por lo tanto,no existe ninguna embajada paraguaya en ese país que pueda emitir el informe requerido en la subasta.

Esto impide de facto que operadores interesados en usar tecnología china puedan cumplir con la condición de reciprocidad comercial,lo que los descalifica automáticamente del proceso,independientemente de la calidad técnica,precio o experiencia del proveedor.

Fragmentación tecnológica y riesgos para la competitividad

Si bien busca proteger la participación paraguaya en otros mercados,en la práctica esta condición refuerza una tendencia global de fragmentación tecnológica,en la que las decisiones sobre redes de telecomunicaciones se ven cada vez más atravesadas por rivalidades geopolíticas que por cuestiones técnicas y económicas.

Pese a las ambiciones de Paraguay de posicionarse como un hub digital,las bases de la subasta limitan la competencia,podrían elevar los costos del despliegue de infraestructura y ralentizar el proceso de implementación,mermando la competitividad digital del país.

Los operadores interesados en el espectro 5G tendrían que limitar sus propuestas a fabricantes que provengan de países con relaciones diplomáticas con Paraguay y políticas de apertura comercial simétricas.

Ericsson y Nokia serían las opciones viables. Sin embargo,actualmente,los operadores utilizan ampliamente la tecnología de Huawei en sus redes; sobre todo,los equipos chinos por su relación de calidad-costo son muy importantes para la expansión de cobertura en zonas rurales o de difícil acceso.

Además,el pliego detalla que la Conatel podrá,en cualquier etapa del proceso,declararlo desierto,cancelarlo,aceptar o rechazar cualquier manifestación de interés o petición presentada sin que los interesados,precalificados o seleccionados tengan derecho a reclamar gastos,honorarios,daños y perjuicios. Esta discrecionalidad podría generar incertidumbre jurídica y desalentar la inversión.

Certificación de ciberseguridad

Además de la reciprocidad comercial,el pliego de la subasta 5G incluye,en su artículo 19 numeral 113,un requisito de certificación del estándar SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA),una obligación que prácticamente no se encuentra en otras licitaciones de la región y que genera dudas en los operadores sobre la viabilidad del proceso.

Cualquier interesado en la licitación “deberá presentar documentación que certifique que la empresa proveedora de equipamiento de la RAN a ser incorporado” cuente con dicha certificación,o que haya iniciado el proceso para conseguirla.

El SCS 9001 es un estándar de ciberseguridad cibernética y de la cadena de suministro que certifica que el software,hardware y otros componentes tecnológicos cumplan con puntos de referencia de seguridad críticos para mitigar el riesgo de ataques cibernéticos.

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Aunque la ciberseguridad es un elemento clave para el futuro de las redes 5G,obtener la certificación requiere someterse a una auditoría compleja y costosa,por lo que pondrían en ventaja a aquellos fabricantes con los recursos para conseguirla.

Hasta ahora,muy pocos países de América Latina están familiarizados con este estándar y sólo Costa Rica ha adoptado la certificación SCS 9001 como requisito.

La licitación 5G lanzada por Paraguay,lejos de sentar las bases para un despliegue tecnológico competitivo,revela una serie de contradicciones estratégicas que podrían comprometer el futuro digital del país.

Si bien es legítimo que un Estado busque condiciones justas de participación internacional,condicionar la elección de tecnología a relaciones diplomáticas o certificaciones complejas introduce barreras políticas y técnicas innecesarias en un proceso que debería guiarse por criterios de eficiencia,innovación y cobertura social.